El todavía Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, nos ha sorprendido hoy a muchos con su última propuesta (genial contribución a su epitafio político): reformar la Constitución con el objeto de introducir en su texto el famoso techo de déficit público. Propuesta que ha apoyado el líder de la oposición y previsible sustituto de Zapatero, Mariano Rajoy (añadiendo la típica coletilla del "esto ya lo dije yo antes y antes debería haberse hecho"). Se le ve contento. Seguro que también lo estarán Angela Merkel y sus asesores. De los académicos y devotos del dogma económico-liberal ya ni hablamos, claro.
La Constitución Española se aprobó hace casi 33 años. En todo este tiempo únicamente ha sido reformada en una ocasión: para introducir el derecho de sufragio de los ciudadanos comunitarios en las elecciones municipales (requisito previo y necesario para poder ratificar el Tratado de Maastricht). No ha habido reforma ni para convertir al Senado en la auténtica cámara de representación territorial que debería ser; ni para actualizar y finalizar la definición del modelo de estado autonómico; ni para, ahora que tanto se debate, eliminar la instancia administrativa provincial; ni para establecer un sistema electoral verdaderamente proporcional; ni para introducir una referencia a lo que supone nuestra pertenencia a la UE... Nunca era el momento, no había el necesario apoyo o consenso, faltaba voluntad política. Han tenido que llegar los mercados a leernos la cartilla para que nuestros políticos asimilen que la Carta Magna puede tocarse.
Ahora no tengo tiempo para criticar el fondo, el qué. Antes es más importante hablar de la forma, del cómo. Pretenden hacerlo por la vía rápida. Como casi todas las medidas de calado adoptadas hasta ahora y que no son sino un torpedo detrás de otro en la línea de flotación de nuestros modelos de convivencia. Sin apenas debate, con una nula pedagogía y sin participación ciudadana, escudándose en una interpretación extrema y tramposa de nuestro sistema de representación política que, al mismo tiempo que otorga legitimidad exige como contrapartida responsabilidad (eso que los anglosajones llaman accountability). El rendir cuentas. Ésa es la parte de la ecuación que nuestros políticos obvian y, como resultado y desde mi punto de vista, se ven políticamente deslegitimados por ello.
Adivinen qué, señores políticos. Creían que, políticamente hablando, eramos ciegos, sordos y mudos. Pero no lo somos. La era de la información, de la sociedad-red, de internet... favorece el caldo de cultivo perfecto en el que florece una ciudadanía más activa, conectada e informada que nunca y que exige de sus representantes algo más que el pulsar el botoncito indicado por su jefe de filas en la votación de turno.
Como decía, ya tendré oportunidad de hablar en otros post sobre por qué no estoy de acuerdo y por qué no quiero esta reforma constitucional. De momento sólo diré que es inviable e inasumible para los ciudadanos sin un mínimo debate previo y sin que se brinde la posibilidad de que todos podamos pronunciarnos sobre ella.
La Constitución no establece la obligatoriedad de someter a referéndum esta reforma, pero sí prevé mecanismos que lo hagan posible (que una décima parte de diputados o senadores así lo soliciten -artículo 167.3-). En Actuable se ha puesto en marcha una recogida de firmas para una petición en este sentido dirigida a los grupos parlamentarios de ambas Cámaras. Puedes adherirte aquí.
#yoquierovotar. ¿Y tú?
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