La reforma constitucional: por qué me opongo.

Si en el post anterior me centraba más en la exigencia de que se celebrara un referéndum para aprobar definitivamente una eventual reforma de la Constitución al objeto de introducir un techo de déficit público en la misma, en éste quiero detallar un poco los detalles por los que me opongo frontalmente, aunque sea a vuelapluma y mezclando motivos de forma y de fondo.

Es cierto que aun no se conoce el texto de la reforma que se pretender introducir (presumiblemente en el artículo 135, donde se regula la Deuda Pública), y que criticar algo de entrada sin haberlo siquiera leído, a priori, puede parecer no razoble. Pero es que mi repudio a la medida es previo: no es que me oponga a una redacción concreta de la reforma, es que me opongo a cualquier tipo de reforma en los términos expuestos el martes pasado por el señor Zapatero en el pleno del Congreso.

Por todo ello pido disculpas por anticipado, y quiero recordar que no me considero un experto en materia alguna, sino un simple ciudadano medio que pretende estar informado y tener un cierto criterio propio, que no es poco. Estos son mis motivos:

- No hace falta: comprometer la política fiscal del Estado español introduciendo un techo de gasto o límite de endeudamiento en su ordenamiento jurídico no implica que ello deba hacerse a través de la Constitución. A mucha gente se le olvida estos días, pero este compromiso político en el seno de la UE que encuentra su origen en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 1997, ya fue juridificado con la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, cuyo texto fue actualizado con el Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, al objeto de adaptarlo a las propias modificaciones que del Pacto se han ido sucediendo en Bruselas (por cierto, España venía siendo el "ojito derecho" en la política de reducción de deuda pública, que llegó a bajar del entorno del 40% del PIB). La ley es tan jurídicamente vinculante como la Constitución. ¿O es que acaso no establece el artículo 9º de ésta el principio de legalidad? Que España comprometa un techo de déficit y lo cumpla no viene determinado por el hecho de que esa letra se recoja en una ley ad hoc o en la Constitución. Por cierto, parece que a Rubalcaba esto le suena razonable.

- Por técnica legislativa: la Constitución, por definición, ha de ser un texto amplio y genérico destinado a recoger los principios generales de nuestro modelo de estado y convivencia, no a definir escrupulosamente aspecto alguno, mucho menos normas técnicas de este tipo que no encajan con el carácter marcadamente abierto y ambiguo de una constitución como la española que por no definir no define (no detalla), por ejemplo, el modelo educativo, el sistema electoral, el modelo autonómico, el reparto competencial, o el modelo económico y de hacienda pública (al que esta norma afecta de lleno), por citar algunos. De establecer el límite, la Constitución no es el lugar adecuado.

- Por lo que supone en términos de blindaje: las constituciones suelen clasificarse doctrinalmente (como bien sabrá el otrora profesor de Derecho Constitucional Rodríguez Zapatero), entre otras categorizaciones, según su grado de flexibilidad o rigidez de cara a una eventual reforma, tendiendo a ser normas rígidas debido a que aspiran a mantener una comprensible estabilidad en el tiempo y a ser fruto de un amplio consenso en el seno de la sociedad cuyo marco jurídico definen. Pues bien, la Constitución española es definida por la mayoría de los autores como muy rígida, incluso pétrea, por lo complejo que resulta su proceso de reforma. Buena prueba de ello es que en todos estos años de democracia únicamente se ha abordado una vez su reforma. La práctica "democrática" demuestra que cambiar la letra de nuestra Carta Magna no es fácil.

- Existen numeros temas que justificarían una reforma constitucional. De hecho el propio Zapatero planteó una limitada a cuatro aspectos que, incluso, motivó un interesante dictamen del Consejo de Estado. Al margen del papel de la Corona en nuestro Estado y esos cuatro temas (igualdad de género en el acceso al trono, inclusión de CC.AA., referencia a la UE, reforma del Senado), existen otros tan interesantes como el del sistema electoral, la definición de competencias (y cierre del "melón") autonómicas, la eliminación total de la pena de muerte... Sin embargo ninguno ha motivado nunca el abordaje de la reforma de un texto que, sin duda, requiere ser actualizado. ¿Por qué ahora? ¿Por qué solo para algo tan puntual? ¿Por qué no proponer una reforma de todos aquéllos puntos susceptibles de ello, debatirlo y elevarlo a consulta de la ciudadanía?

- No lo preveía el programa electoral del partido que sustenta al Gobierno: ya sé que se han adoptado muchas medidas que no se preveían (y se han dejado en el cajón otras tantas sí recogidas), pero eso no significa que se esté legitimado para dar otro paso más en la perversión de nuestro actual modelo democrático de representación política, en el que los ciudadanos sólo participamos para votar cada cuatro años supuestamente por un programa político. Lo decía en el post anterior, existe legitimidad formal, pero no legitimidad material (ni moral, si se quiere ni, desde luego, política). Si una reforma constitucional no es algo lo suficientemente importante como para ser previsto en el programa electoral, explicado profusamente a los electores y debatido y pactado con las otras fuerzas políticas, no sé qué lo es.

- No se cuenta con los representados, con el cuerpo político soberano del que emanan todos los poderes del Estado (no lo digo yo, lo dice el artículo 1 de la Constitución), con el pueblo, con los ciudadanos. Precisamente porque no se preveía en el programa electoral. Aunque formalmente no se exija la convocatoria de un referéndum, debiera convocarse para dar voz (y voto) a la ciudadanía. En lugar de eso, reforma inédita exprés sin debate y sin hacer eso con lo que los políticos tanto se llenan la boca: pedagogía. Sin debate, sin transparencia, sin responsabilidad. Lo llaman democracia, y no lo es.

- No hay urgencia. Por otro lado, Elena Salgado declaraba ayer que el límite no entraría en vigor has 2018 de modo que, ¿por qué tanta prisa? ¿No es más razonable, en caso de que quiera hacerse, llevar esta propuesta a los programas electorales para el 20N, explicarla bien y que se debata en condiciones?

- España no es gobernada por Merkel, Sarkozy o Trichet. Parece que, en última instancia, el motivo de esta repentina fiebre reformadora se debe a que desde el corazón económico y decisorio de Europa se exige esta medida con el argumento perenne y peregrino (visto lo visto) de que con ello se calmará a los mercados. Seguramente ni Zapatero se crea ya esto, pero habrá pensado que si al menos garantiza la compra de deuda española por el BCE si se vuelve a dar el caso, merecerá la pena. Quizá debiera tratar de colocar, aunque fuera un poquito, a España en el centro de Europa, como prometió. Haciéndonos más relevantes, que a veces consiste en decir no, sobre todo si tienes razones sobradas para ello, y en proponer alternativas como los famosos eurobonos que, por cierto, sus correligionarios franceses y alemanes ya defienden, como recuerda Josep Borrell en su excelente artículo de hoy en El Periódico.

- Con la política monetaria en manos del BCE, a los estados del euro únicamente les queda como instrumento de política económica el de la política fiscal, en el que se incluye la política de deuda, que se ha revelado imprescindible como elemento contracíclico. Es necesario racionalizar el gasto público (y hacer responsables a los políticos), sí,  pero ello no puede equivaler a introducir severas reglas que, "cuando vengan mal dadas", no vaya a ser viable cumplir (en el caso de una recesión, cuando se desploma la actividad económica y se dispara el paro, los ingresos del Estado caen y los gastos, paralelamente, se elevan rápidamente por el aumento de receptores de prestaciones de desempleo y una mayor presión a los servicios públicos) como ha demostrado tozudamente la realidad. El Estado es un actor económico más, nos guste más o nos guste menos (esto sí que lo prevé ya nuestra Constitución en su Título VII).


 Reitero que en Actuable se están recogiendo firmas para solicitar la convocatoria de un referéndum. Puedes apoyar la iniciativa aquí.

Quiero que mis representantes, si se da el caso y llega a votarse como parece, justifiquen su apoyo a esta medida con algo más que la disciplina de voto. Exijo a los grupos parlamentarios que la respalden que lo expliquen. Y solicito que dejen al conjunto de la ciudadanía expresarnos sobre este tema tan importante por la vía del mencionado referéndum.



No sin mi voto