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jueves, 25 de agosto de 2011

La reforma constitucional: por qué me opongo.

Si en el post anterior me centraba más en la exigencia de que se celebrara un referéndum para aprobar definitivamente una eventual reforma de la Constitución al objeto de introducir un techo de déficit público en la misma, en éste quiero detallar un poco los detalles por los que me opongo frontalmente, aunque sea a vuelapluma y mezclando motivos de forma y de fondo.

Es cierto que aun no se conoce el texto de la reforma que se pretender introducir (presumiblemente en el artículo 135, donde se regula la Deuda Pública), y que criticar algo de entrada sin haberlo siquiera leído, a priori, puede parecer no razoble. Pero es que mi repudio a la medida es previo: no es que me oponga a una redacción concreta de la reforma, es que me opongo a cualquier tipo de reforma en los términos expuestos el martes pasado por el señor Zapatero en el pleno del Congreso.

Por todo ello pido disculpas por anticipado, y quiero recordar que no me considero un experto en materia alguna, sino un simple ciudadano medio que pretende estar informado y tener un cierto criterio propio, que no es poco. Estos son mis motivos:

- No hace falta: comprometer la política fiscal del Estado español introduciendo un techo de gasto o límite de endeudamiento en su ordenamiento jurídico no implica que ello deba hacerse a través de la Constitución. A mucha gente se le olvida estos días, pero este compromiso político en el seno de la UE que encuentra su origen en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 1997, ya fue juridificado con la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, cuyo texto fue actualizado con el Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, al objeto de adaptarlo a las propias modificaciones que del Pacto se han ido sucediendo en Bruselas (por cierto, España venía siendo el "ojito derecho" en la política de reducción de deuda pública, que llegó a bajar del entorno del 40% del PIB). La ley es tan jurídicamente vinculante como la Constitución. ¿O es que acaso no establece el artículo 9º de ésta el principio de legalidad? Que España comprometa un techo de déficit y lo cumpla no viene determinado por el hecho de que esa letra se recoja en una ley ad hoc o en la Constitución. Por cierto, parece que a Rubalcaba esto le suena razonable.

- Por técnica legislativa: la Constitución, por definición, ha de ser un texto amplio y genérico destinado a recoger los principios generales de nuestro modelo de estado y convivencia, no a definir escrupulosamente aspecto alguno, mucho menos normas técnicas de este tipo que no encajan con el carácter marcadamente abierto y ambiguo de una constitución como la española que por no definir no define (no detalla), por ejemplo, el modelo educativo, el sistema electoral, el modelo autonómico, el reparto competencial, o el modelo económico y de hacienda pública (al que esta norma afecta de lleno), por citar algunos. De establecer el límite, la Constitución no es el lugar adecuado.

- Por lo que supone en términos de blindaje: las constituciones suelen clasificarse doctrinalmente (como bien sabrá el otrora profesor de Derecho Constitucional Rodríguez Zapatero), entre otras categorizaciones, según su grado de flexibilidad o rigidez de cara a una eventual reforma, tendiendo a ser normas rígidas debido a que aspiran a mantener una comprensible estabilidad en el tiempo y a ser fruto de un amplio consenso en el seno de la sociedad cuyo marco jurídico definen. Pues bien, la Constitución española es definida por la mayoría de los autores como muy rígida, incluso pétrea, por lo complejo que resulta su proceso de reforma. Buena prueba de ello es que en todos estos años de democracia únicamente se ha abordado una vez su reforma. La práctica "democrática" demuestra que cambiar la letra de nuestra Carta Magna no es fácil.

- Existen numeros temas que justificarían una reforma constitucional. De hecho el propio Zapatero planteó una limitada a cuatro aspectos que, incluso, motivó un interesante dictamen del Consejo de Estado. Al margen del papel de la Corona en nuestro Estado y esos cuatro temas (igualdad de género en el acceso al trono, inclusión de CC.AA., referencia a la UE, reforma del Senado), existen otros tan interesantes como el del sistema electoral, la definición de competencias (y cierre del "melón") autonómicas, la eliminación total de la pena de muerte... Sin embargo ninguno ha motivado nunca el abordaje de la reforma de un texto que, sin duda, requiere ser actualizado. ¿Por qué ahora? ¿Por qué solo para algo tan puntual? ¿Por qué no proponer una reforma de todos aquéllos puntos susceptibles de ello, debatirlo y elevarlo a consulta de la ciudadanía?

- No lo preveía el programa electoral del partido que sustenta al Gobierno: ya sé que se han adoptado muchas medidas que no se preveían (y se han dejado en el cajón otras tantas sí recogidas), pero eso no significa que se esté legitimado para dar otro paso más en la perversión de nuestro actual modelo democrático de representación política, en el que los ciudadanos sólo participamos para votar cada cuatro años supuestamente por un programa político. Lo decía en el post anterior, existe legitimidad formal, pero no legitimidad material (ni moral, si se quiere ni, desde luego, política). Si una reforma constitucional no es algo lo suficientemente importante como para ser previsto en el programa electoral, explicado profusamente a los electores y debatido y pactado con las otras fuerzas políticas, no sé qué lo es.

- No se cuenta con los representados, con el cuerpo político soberano del que emanan todos los poderes del Estado (no lo digo yo, lo dice el artículo 1 de la Constitución), con el pueblo, con los ciudadanos. Precisamente porque no se preveía en el programa electoral. Aunque formalmente no se exija la convocatoria de un referéndum, debiera convocarse para dar voz (y voto) a la ciudadanía. En lugar de eso, reforma inédita exprés sin debate y sin hacer eso con lo que los políticos tanto se llenan la boca: pedagogía. Sin debate, sin transparencia, sin responsabilidad. Lo llaman democracia, y no lo es.

- No hay urgencia. Por otro lado, Elena Salgado declaraba ayer que el límite no entraría en vigor has 2018 de modo que, ¿por qué tanta prisa? ¿No es más razonable, en caso de que quiera hacerse, llevar esta propuesta a los programas electorales para el 20N, explicarla bien y que se debata en condiciones?

- España no es gobernada por Merkel, Sarkozy o Trichet. Parece que, en última instancia, el motivo de esta repentina fiebre reformadora se debe a que desde el corazón económico y decisorio de Europa se exige esta medida con el argumento perenne y peregrino (visto lo visto) de que con ello se calmará a los mercados. Seguramente ni Zapatero se crea ya esto, pero habrá pensado que si al menos garantiza la compra de deuda española por el BCE si se vuelve a dar el caso, merecerá la pena. Quizá debiera tratar de colocar, aunque fuera un poquito, a España en el centro de Europa, como prometió. Haciéndonos más relevantes, que a veces consiste en decir no, sobre todo si tienes razones sobradas para ello, y en proponer alternativas como los famosos eurobonos que, por cierto, sus correligionarios franceses y alemanes ya defienden, como recuerda Josep Borrell en su excelente artículo de hoy en El Periódico.

- Con la política monetaria en manos del BCE, a los estados del euro únicamente les queda como instrumento de política económica el de la política fiscal, en el que se incluye la política de deuda, que se ha revelado imprescindible como elemento contracíclico. Es necesario racionalizar el gasto público (y hacer responsables a los políticos), sí,  pero ello no puede equivaler a introducir severas reglas que, "cuando vengan mal dadas", no vaya a ser viable cumplir (en el caso de una recesión, cuando se desploma la actividad económica y se dispara el paro, los ingresos del Estado caen y los gastos, paralelamente, se elevan rápidamente por el aumento de receptores de prestaciones de desempleo y una mayor presión a los servicios públicos) como ha demostrado tozudamente la realidad. El Estado es un actor económico más, nos guste más o nos guste menos (esto sí que lo prevé ya nuestra Constitución en su Título VII).


 Reitero que en Actuable se están recogiendo firmas para solicitar la convocatoria de un referéndum. Puedes apoyar la iniciativa aquí.

Quiero que mis representantes, si se da el caso y llega a votarse como parece, justifiquen su apoyo a esta medida con algo más que la disciplina de voto. Exijo a los grupos parlamentarios que la respalden que lo expliquen. Y solicito que dejen al conjunto de la ciudadanía expresarnos sobre este tema tan importante por la vía del mencionado referéndum.



No sin mi voto

martes, 23 de agosto de 2011

No sin mi voto.

El todavía Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, nos ha sorprendido hoy a muchos con su última propuesta (genial contribución a su epitafio político): reformar la Constitución con el objeto de introducir en su texto el famoso techo de déficit público. Propuesta que ha apoyado el líder de la oposición y previsible sustituto de Zapatero, Mariano Rajoy (añadiendo la típica coletilla del "esto ya lo dije yo antes y antes debería haberse hecho"). Se le ve contento. Seguro que también lo estarán Angela Merkel y sus asesores. De los académicos y devotos del dogma económico-liberal ya ni hablamos, claro.

La Constitución Española se aprobó hace casi 33 años. En todo este tiempo únicamente ha sido reformada en una ocasión: para introducir el derecho de sufragio de los ciudadanos comunitarios en las elecciones municipales (requisito previo y necesario para poder ratificar el Tratado de Maastricht). No ha habido reforma ni para convertir al Senado en la auténtica cámara de representación territorial que debería ser; ni para actualizar y finalizar la definición del modelo de estado autonómico; ni para, ahora que tanto se debate, eliminar la instancia administrativa provincial; ni para establecer un sistema electoral verdaderamente proporcional; ni para introducir una referencia a lo que supone nuestra pertenencia a la UE... Nunca era el momento, no había el necesario apoyo o consenso, faltaba voluntad política. Han tenido que llegar los mercados a leernos la cartilla para que nuestros políticos asimilen que la Carta Magna puede tocarse.

Ahora no tengo tiempo para criticar el fondo, el qué. Antes es más importante hablar de la forma, del cómo. Pretenden hacerlo por la vía rápida. Como casi todas las medidas de calado adoptadas hasta ahora y que no son sino un torpedo detrás de otro en la línea de flotación de nuestros modelos de convivencia. Sin apenas debate, con una nula pedagogía y sin participación ciudadana, escudándose en una interpretación extrema y tramposa de nuestro sistema de representación política que, al mismo tiempo que otorga legitimidad exige como contrapartida responsabilidad (eso que los anglosajones llaman accountability). El rendir cuentas. Ésa es la parte de la ecuación que nuestros políticos obvian y, como resultado y desde mi punto de vista, se ven políticamente deslegitimados por ello.

Adivinen qué, señores políticos. Creían que, políticamente hablando, eramos ciegos, sordos y mudos. Pero no lo somos. La era de la información, de la sociedad-red, de internet... favorece el caldo de cultivo perfecto en el que florece una ciudadanía más activa, conectada e informada que nunca y que exige de sus representantes algo más que el pulsar el botoncito indicado por su jefe de filas en la votación de turno.

Como decía, ya tendré oportunidad de hablar en otros post sobre por qué no estoy de acuerdo y por qué no quiero esta reforma constitucional. De momento sólo diré que es inviable e inasumible para los ciudadanos sin un mínimo debate previo y sin que se brinde la posibilidad de que todos podamos pronunciarnos sobre ella.

La Constitución no establece la obligatoriedad de someter a referéndum esta reforma, pero sí prevé mecanismos que lo hagan posible (que una décima parte de diputados o senadores así lo soliciten -artículo 167.3-). En Actuable se ha puesto en marcha una recogida de firmas para una petición en este sentido dirigida a los grupos parlamentarios de ambas Cámaras. Puedes adherirte aquí.

#yoquierovotar. ¿Y tú?


miércoles, 10 de agosto de 2011

El patio trasero de la sociedad del bienestar.

Tras Londres otras grandes ciudades británicas como Birmingham, Liverpool o Manchester también arden. London Calling. No soy aspirante a sociólogo o antropólogo, por lo que tampoco aspiro a desarrollar cábala alguna sobre la razón de ser de estos sucesos que dan continuidad, varios veranos depués, a aquellas revueltas en las banlieus parisinas. En otro país con otro modelo de integración y protección social, cierto. Pero en la misma Europa cuna de derechos y libertades civiles, sí, pero de un estado del bienestar que hoy vemos desmoronarse ante nuestros ojos, también.

Cábala ninguna, decía. Opinión pura y dura. Convicción. Porque estoy profundamente convencido de que estos sucesos están relacionados con la situación de nuestro estado del bienestar. Un 'estado' fallido o, cuanto menos, en estado comatoso. Lejos quedan los años de la segunda posguerra mundial, que alumbraron una serie de derechos sociales, complementarios y correlativos de los civiles y políticos, que cristalizaron, precisamente, en el estado del bienestar. Se trataba de ganar en cohesión social, por la vía de una mayor profundización en la igualdad (no sólo formal, material también) y en la equidad.

Eran los años de la dualidad ideológica, económica, cultural... de los bloques. Había que demostrar que a este lado del telón de acero no sólo se era más libre, sino que también se vivía mejor. Así se vivió la edad dorada del estado del bienestar, generalizado a la mayor parte de países de Europa occidental (lamentablemente, entre la excepciones se encontrana la gris España de Franco) que, paralelamente, habían puesto en marcha el proceso de integración europea.

Tras la crisis del petróleo de finales de los años 70 y la llegada al poder de los neoliberales de Reagan en EE.UU. y Thatcher en Reino Unido (con sus políticas del rolling back the frontiers of the State) comienza el progresivo y lento declive del estado del bienestar (que en algunos países como España empezaba a construirse entonces, en ese contexto), avalado por el envoltorio académico proporcionado por la Escuela de Chicago de Friedman y sus acólitos, que se encargaron de dar la puntilla a un keynesianismo con más de tres décadas de recorrido.

La caída del muro de Berlín sirvió para certificar el advenimiento de un pensamiento único que se escudaba no ya en la inevitable globalización del éxito capitalista, sino en el fin de las ideologías, en el fin de la Historia (Fukuyama dixit). La economía (lo de democracia ya se encargaba China de desmentirlo) liberal servía de sustento ideológico a todo, lo justificaba todo. Y, en parte, eso es cierto. En nuestra sociedad hiperconsumista, hipercompetitiva e hipermaterialista parece no haber más objetivo que ser más y mejor que el de al lado. El estatus social resumido en la casa en que se vive, el coche que se conduce y las vacaciones que se disfrutan. ¿El precio? Ser más infelices, cargarnos el medioambiente, condenar a la miseria a millones de personas... La sociedad deshumanizada. No hay como una buena crisis para desnudar tal incoherente paradoja.

El perenne drama somalí es responsabilidad nuestra, como sociedad. Como también lo es el, a otra escala, drama de los guetos de Londres, París o Madrid. Como también lo es, a otro nivel, el drama de los millones de jóvenes en paro y sin futuro (muchos sin estudios). La mesocracia de la época de la abundancia ha saltado por los aires para dejar al descubierto una sociedad empobrecida, casi sin valores y con un futuro incierto. Papá-Estado, de quién ahora nos acordamos, sigue aquí, aunque debilitado tras tantos años de desregulación y adelgazamiento. Su patio trasero (otrora reservado a los reducidos focos de marginalidad de los arrabales de las grandes ciudades) está más lleno que nunca de ciudadanos desfavorecidos que ponen de manifiesto lo insostenible de un sistema que da la espalda a la igualdad y la equidad o, lo que es lo mismo, que da la espala a sus ciudadanos.

Los disturbios de Londres, con todas sus diferencias, tienen algo en común con los movimientos estudiantiles en Chile o el del 15M español o el de los indignados israelíes (no obvio que mientras en Londres se saquean comercios para hacerse con móviles de gama alta y ropa de marca, en Sol se debate de manera pacífica sobre ideas para mejorar la realidad): son reflejo de una frustración colectiva o, mejor, dicho, de un fracaso colectivo. El de una sociedad incapaz de garantizar a sus hijos un futuro mejor que el presente que disfrutan sus padres.

La conjución de la mayor crisis económica desde la Gran Depresión, la generación más y mejor formada de la Historia y el fenómeno disruptivo que ha supuesto Internet nos coloca en un punto de inflexión único para abrir la puerta a un nuevo modelo, un nuevo sistema que ha de tener como señas de identidad una sociedad civil activa y participativa, la transparencia (proactiva) de todos los estratos de poder y la equidad social (para lo cual la educación ha de ser, necesariamente, pilar fundamental). Dando por bueno el aforismo "einsteiniano", no podemos esperar resultados distintos haciendo lo mismo que hasta ahora.

Frente a la locura desreguladora neoliberal, más regulación (que evite que la economía productiva sea apisonada por la economía 'de casino'). Frente al recorte del papel del Estado en la sociedad, más Estado (entendiendo que el Estado, la Administración de la cosa pública, somos todos). Frente a una Europa en punto muerto en la que la libertad de circulación se reduce a mercancías y capitales, más Europa (en el contexto de un mundo globalizado e interconectado).

Una sociedad más responsable, más participativa, más activa. ¡A activarse!