CNN+ por GH: el signo de los tiempos

Ayer CNN+ puso fin a sus emisiones. O, mejor dicho, le pusieron fin. Prisa decidió bajar la persiana de un canal deficitario que su contabilidad no podía asumir. Desde un punto de vista económico o, si se quiere, empresarial, es lógico. Las empresas tienen por objeto hacer dinero, ser rentables o, al menos, viables económicamente. Así que, lo que no puede ser, no puede ser. Y menos después de haber recurrido a una absorción por Telecinco, que se ha zampado a Cuatro y (aunque aun esté por ver) su modelo de hacer televisión.

Es el signo de los tiempos. Poderoso caballero es don dinero. Una muestra para aquéllos que todavía creen que un medio de comunicación es algo diferente a una empresa, a una máquina de hacer dinero. Las líneas editoriales no son más que el reflejo del mercado potencial al que se dirigen. Nos dan a cada uno lo que queremos consumir. Ni más ni menos. La imagen romántica del periodismo lleva enterrada muchos años.

Lo bueno es que, en una sociedad democrática y libre, hay espacio para numerosos medios, cada uno orientado a su público, materializándose de esta manera y en cierto grado el principio de pluralismo.

Así que el cierre de CNN+ es una mala noticia para el pluralismo informativo en general y televisivo en particular, especialmente en estos tiempos en que los supuestos mejores informativos se parecen cada día un poco más a un programa de España Directo. Y el resto se limita a la crónica de sucesos, la gaceta deportiva y el sensacionalismo vario. Mención aparte para la caverna mediática, claro.

No negaré que estos días CNN+ se parece a los documentales de La 2: todo el mundo dice que lo veía y, en la práctica, su share era más bien discreto. Pero no menos cierto es que los directivos de Prisa no han intentado darle ni una oportunidad más. Una vez que el maná italiano ha entrado en las arcas, parece que había que cumplir con el contrato. No se ha contemplado que en un abanico con decenas de canales, un canal dedicado íntegramente a la información (serían dos, con el 24 horas de TVE) pueda tener un futuro, una audiencia potencial que busque algo distinto al pan y circo. Al final, hablamos de grandes grupos empresariales que funcionan como en cualquier otro sector económico. No podemos olvidarlo, que no nos engañen con sus idearios, líneas editoriales o libros de estilo (aunque, como consumidor, tengo claro cuál quiero pero, por favor, sin romanticismos).

Esto es lo que nos ha traído ser un país líder en la implantación de la TDT: multitud de canales basura. Uno de los pocos que merecían la pena, desaparece. Y es sustituido por Gran Hermano 24h, lo que debe ser un síntoma de estos tiempos que corren de homogeneización y mediocridad. Tiempos que vivimos una ciudadanía que parece narcotizada. Sería discutible si esto no es más que un reflejo de lo que somos, pero yo quiero creer que no. Que hay vida más allá de Belén Esteban y mucha gente que busca otras cosas… y que, supongo, simplemente no encienden la televisión.

El panorama desolador de la TDT es algo que debería hacer reflexionar al ministro Sebastián y su equipo en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Desde el punto de vista de la técnica quizá haya sido un éxito relativo. Pero desde el punto de vista de los contenidos… Resulta que la previsible multiplicación de contenidos, formatos y pluralidad no ha sido tal. Más homogeneización, más polarización, más mediocridad, más circo, más caverna.

Por eso es importante lo que Internet como el nuevo y gran medio de comunicación social puede aportar. Como campo al que no se pueden poner puertas (la neutralidad de la red es vital, en este sentido; es un principio básico e irrenunciable). Como dijo Julian Assange, fenómenos como Wikileaks ponen de manifiesto el estado lamentable en que se encuentran los medios de comunicación tradicionales, esclavos de intereses  vicarios, económicos y políticos, haciendo valer aquello de que no hay que morder la mano que te da de comer.

Echaré de menos CNN+.

EQUO ya está aquí

Una mezcla de falta de tiempo, cosas interesantes que contar o reflexiones inmediatas que hacer, todo ello sazonado con un poco de pereza y amateurismo, han hecho que no haya escrito un nuevo post en una buena temporada. Pues bien, aprovechando el hilo argumental que dejó una de las entradas anteriores, retomo la tarea.

Recordareis que comentaba (se pudo leer, incluso, en los papeles) que algo se movía en el "colectivo verde" patrio, que parecía estar planteándose aglutinar las muy diversas sensibilidades que lo componen al objeto de poner en marcha un movimiento social que capitalizase en términos políticos la conciencia medioambiental que, de hecho, existe entre la ciudadanía española. Este movimiento, cuyo rostro visible es Juan López de Uralde, ha tomado forma finalmente: Equo.

Sé que no estoy contando nada nuevo (tampoco esto es un medio informativo, más allá del hecho de que un blog puede contribuir a ampliar un poquito la difusión de la información comentada), pero mucha gente no tiene por qué conocer una noticia que, entiendo, es muy relevante.

Equo (el nombre es un "regalo" de Fernando Beltrán, poeta y "nombrador" o creador de marcas como Opencor, Amena o Faunia) nace como una fundación con la que, previsiblemente, comenzar a hacer un poco de ruido e ir creándose un espacio propio. Pero el objetivo final no es otro que constituirse en un partido político con el que concurrir a las próximas elecciones generales, en las que parece que se quieren fijar como objetivo alcanzar el 10% de los votos.

Este objetivo, ciertamente ambicioso, les colocaría como una potente tercera fuerza política. Aunque difícilmente realizable, es bueno que empiecen poniendo el listón muy alto. Si esta plataforma nace con el objetivo declarado de dar visibilidad a posturas que la crisis parece haber condenado al ostracismo, hay que ser ambiciosos y huir de planteamientos que se aproximan a la irrelevancia a la que, precisamente, se quiere combatir.

Una tercera fuerza política con un peso electoral así sería no relevante, sería decisiva. Y sus postulados tendrían que ser muy tenidos en cuenta por la fuerza política que formara gobierno, un gobierno que probablemente abriría sus puertas a un socio tan importante. Todo ello tomándonos en serio esta declaración de intenciones y obviando por un rato nuestro sistema electoral.

Pues bien, desde mi punto de vista habría dos grandes reflexiones que hacer:

- La primera es que una fuerza política que aspira a obtener un 10% de los sufragios en unas elecciones generales empieza a transitar por territorios más próximos a los de una fuerza mayoritaria que a los de una minoritaria, representando valores que han sido secundados por un número nada despreciable de los votantes.

- La segunda, sería una consecuencia de lo anterior. No hay fuerza política que, agarrada únicamente a una serie de objetivos parciales y sectoriales, pueda alcanzar un resultado electoral con un peso decisivo. Es decir, mi opinión es que enarbolar la bandera del ecologismo no es suficiente para dar el salto de la irrelevancia política a ese 10% de los sufragios.

Que Equo tenga como punto de partida la defensa de los postulados medioambientales es un buen comienzo, especialmente teniendo en cuenta que estos valores cada vez se encuentran más extendidos entre la sociedad española y son  asumidos con mayor naturalidad por sus ciudadanos, desde luego ya no se ve como algo "exótico", como un lujo planteado por unos cuantos iluminados sin otra forma mejor de llamar la atención. Poco a poco el valor de "lo verde" ha ido calando en el mainstream, pero ello no será suficiente para que su mensaje cale entre una mayoría.

Por eso me parece muy acertado que Equo se asiente sobre otro pilar: el de la defensa de la equidad social. Equidad social es un objetivo global que alberga dentro de sí no sólo medio ambiente. Es un concepto transversal sobre el que puede pivotar todo un modelo de entender la gobernanza, y que alcanzaría todos los ámbitos de la política y la economía.

Por ello creo que presentarse (o dejar que el resto de partidos políticos, prensa y opinadores lo hagan) bajo la etiqueta de "partido verde español" sería un grave error, en la medida en que reduciría sus opciones y expectativas, y se estaría renunciando a la posibilidad de ocupar un espacio político más amplio actualmente huérfano, y que no queda circunscrito a la defensa del medioambiente sino que incluye valores de equidad, justicia y progreso social. Y sostenibilidad, claro que sí.

A las dos reflexiones anteriores cabría sumar una tercera, relativa a la posibilidad real de capitalizar el desencanto que la crisis, nuestros políticos y sus políticas (o ausencia de ellas) está provocando entre una parte importante del electorado que quizá decida no quedarse en casa en los próximos comicios si se le ofrece algo nuevo, alternativo, bien estructurado, cercano y real.

Bienvenido sea el pluralismo.


Manifiesto Equo

El sistema electoral III: un corolario

El sistema electoral que tenemos propicia un modelo bipartidista que se situaría en las antípodas del pluralismo y heterogeneidad que de una sociedad democrática avanzada debiera predicarse. Algunos argüirán que por qué no puede funcionar aquí lo que funciona en EE.UU. y más o menos funcionaba en Reino Unido (hasta que los liberales de Nick Clegg han logrado colocarse en una posición que les podría permitir cambiar las cosas). Podríamos contestar que nuestra cultura (política incluida) no es la anglosajona. Pero, por encima de todo, habría que esgrimir como motivo el cinismo. Si lo que queremos es un modelo mayoritario y bipartidista, perfecto, que así sea. Pero, por favor, que no se nos llene la boca de pluralismo y proporcionalidad al diseñar un sistema que luego vestimos con el ropaje de otra cosa. Que no se nos engañe.

Que no se nos condene a este hastío de democracia de pan y circo, nada participativa (no digo que los ciudadanos estemos muy implicados, pero es labor del poder político hacer por que nos impliquemos, y no al revés) en la que todo se reduce a depositar nuestro voto en la urna cada cuatro años. Un voto que muchas veces está más basado en un "votar contra" que "votar a". Un voto que en multitud de ocasiones se reclama como "útil" (¿qué pasa, que si no voto una determinada opción mi voto es "inútil"? ¿O, directamente, el que hiciera eso sería el inútil?). La democracia del "quítate tú para ponerme yo" (o del "que te quiten a ti para ponerme yo"). Qué tristre. Qué pobre. No creo que esa sea la democracia que nadie quiera.

Parece que el nuestro es un sistema bipartidista, y no es así. Acabará siéndolo, con el paso del tiempo y fruto del hastío del personal. Pero la democracia española aunque consolidada, aun es joven. Y debieran imponerse algunas medidas de higiene democrática.

En primer lugar, habría que modificar el sistema electoral que rige las elecciones al Congreso de los Diputados de manera que fuera verdaderamente proporcional y representativo. Y para ello lo óptimo sería modificar la circunscripción electoral dejándola en una única circunscripción nacional (como ocurre en las elecciones al Parlamento Europeo). El gran "problema" es que ha sido la Constitución la que ha establecido la provincia como circunscripción electoral, de modo que sería necesaria una reforma constitucional. Por eso, se han planteado alternativas más laxas, como la de elevar el número de diputados de los actuales 350 a 400 (límite máximo que recoge la Carta Magna). Se podrían reducir de dos a uno el mínimo de diputados a elegir por provincia, de manera que se "engorde" la bolsa de diputados repartidos en función de la población.

Pero puestos a modificar la LOREG, podrían adoptarse medidas de mayor calado. Medidas que afectaran al sistema D'Hondt, que supusieran la introducción de factores que implicaran una mayor participación o identificación del votante con los candidatos. Para ello habría que acabar con el modelo de las listas cerradas y bloqueadas. Es un modelo muy simple, muy sencillo, pero bajo mi percepción denota inmadurez política de la sociedad que lo utiliza. De nuevo, quizá tuvo sentido al comienzo de nuestra singladura democrática, pero ahora no contribuye a aproximar la vida política a la ciudadanía. Ni fomenta la responsabilidad de los políticos (que se sienten más dependientes de los estamentos de su partido que de los votantes).

En definitiva, sería deseable una reforma profunda y madurada que repercutiera en una mayor y mejor democracia. De estas medidas que comentábamos, las últimas son extrapolables a cualquier elección, no sólo la del Congreso. En este sentido, la reforma del sistema electoral en el Congreso, para hacerlo más proporcional, sólo tiene sentido si se afronta la necesaria reforma del Senado, convirtiéndola por fin en esa cámara de representación territorial que dice la Constitución. Frente a una circunscripción única en el Congreso, en el Senado tendría sentido la existencia de diferentes circunscripciones territoriales.

A lo largo de estos post no he descrito nada nuevo, sino contribuido a repetirlo, a difundirlo. Es una necesidad imperecedera que, prácticamente, embarranca legislatura tras legislatura. En ésta, tras más de dos años "mareando la perdiz", ha vuelto a fracasar: PSOE, PP y los partidos nacionalistas han evitado que se reformara la LOREG en lo que a la búsqueda de una mayor proporcionalidad se refiere, aun cuando el Consejo de Estado reconocía en su informe al respecto que, efectivamente, existen disfunciones evidentes. De aprobarse, la eventual reforma de la LOREG va a obviar este importante asunto, limitándose a adoptar cambios que afectan al voto de los españoles residentes ausentes.

Corolario: se asume que el sistema electoral presenta deficiencias que debieran motivar su modificación pero... ¡para qué cambiar con lo bien que estamos así!

Algunos enlaces para los que quieran alguna información adicional:

- Informe de la Subcomisión sobre las posibles modificaciones del Régimen Electoral General
- Informe del Consejo de Estado
- Propuesta de reforma de IU
- Propuesta de reforma de UPyD
- Un estudio sobre la reforma del sistema español: Fundación Alternativas

- Sobres los diferentes sistemas de voto: Wikipedia (english)


El sistema electoral I: la teoría.
El sistema electoral II: los hechos.

El sistema electoral español II: los hechos

Pasemos a los hechos. Tomemos los resultados de las elecciones generales de 2008, por ejemplo. El PSOE obtuvo con el 43,64% de los votos 169 escaños: el 48,28% del total. El PP, con el 40,11% de los sufragios, 153: el 43,71%. Las cifras subsiguientes de los restantes partidos que obtuvieron representación parlamentaria fueron:
- CIU, con el 3,05% de los votos, 11 diputados: el 3,14 %.
- PNV, con el 1,20% de los votos, 6 diputados: el 1,71%
- ERC, con el 1,17% de los votos, 3 diputados: el 0,86%
- IU, con el 3,80% de los votos, 2 diputados: el 0,53%
- BNG, con el 0,82% de los votos, 2 diputados: el 0,53%
- CC, con el 0,65% de los votos, 2 diputados: el 0,53%
- UPyD, con el 1,20% de los votos, 1 diputado: el 0,28%
- NA-Bai, con el 0,24% de los votos, 1 diputado: el 0,28%

Con estos datos confirmamos que, en la práctica, nuestro sistema electoral se acerca más a un modelo mayoritario que a uno proporcional (si comparamos porcentaje de votos con porcentaje de escaños obtenidos). Y, además, nos sirven para desmentir ciertos mitos. Como el que asegura que beneficia a los partidos nacionalistas. Con la excepción del PNV (que, efectivamente, se ve muy beneficiado) y la de NA-Bai, el resto de formaciones nacionalistas con representación parlamentaria (ERC, BNG y CC) se ven perjudicadas.

No obstante, sí que es cierto que nuestro sistema electoral beneficia a aquellas formaciones políticas minoritarias que concentran sus votos en ciertos territorios concretos (sólo concurren en ciertas circunscripciones) en contraposición a las que concurren en todo el territorio nacional. Es aquí cuando tiene sentido el tradicional ejemplo conforme al cual, mientras IU con su 3,80% de los votos obtiene 2 diputados, una formación como el BNG alcanza idéntico resultado con el 0,82% de los sufragios. En este contexto parece que los nacionalistas gallegos se ven favorecidos por el sistema. Pero ya hemos visto que, en la práctica, su resultado traducido en escaños es inferior al que porporcionalmente le correspondería en función de los votos que recibe.

¿Qué es lo que ocurre? Nuestro sistema electoral es fruto de su época (se pretendía garantizar la gobernabilidad del país en el comienzo de nuestra andadura democrática) y, sobre todo, del enrocamiento de los dos grandes partidos mayoritarios en su confortable posición, en la medida en que son los grandes beneficiados por este modelo. Los paganos: las terceras fuerzas políticas nacionales (las que concurren en todo el territorio nacional).

El sistema electoral español tiene una virtud indiscutible que sus defensores no se cansan de destacar: la estabilidad. Suele ofrecer mayorías estables que garantizan la gobernabilidad. Aunque ello sea a costa de disfunciones como la de que los tres gobiernos sostenidos por sendas mayorías absolutas (Felipe González en 1982 y 1986 y José María Aznar en 2000) no hubieran obtenido el respaldo en las urnas de al menos un 50% de los votantes, que sería lo suyo si hablamos de sistema proporcional. Esos porcentajes fueron de un 48,11%, 44,06% y 44,52%, respectivamente.

Relacionado con este hecho, ha de entenderse como otra disfunción el hecho de que las coaliciones de gobierno sean en este país algo más bien exótico, que conocemos por las referencias que aparecen en la prensa al hablar de otros países. Lo más cercano son los pactos (más estables o más puntuales) que se tejen en el Congreso entre el grupo parlamentario mayoritario y otras fuerzas (normalmente nacionalistas, como consecuencia de la "condena" a las que nuestro sistema electoral somete a las terceras fuerzas nacionales).

Esta serie de post trae causa de uno anterior, pluralidad verde, en el que hablábamos de la eventualidad cada vez más cierta de que una formación política de corte ecologista concurra a las próximas elecciones generales con posibilidades de obtener representación parlamentaria. Y decíamos que, al margen de todas las dificultades que tendría que salvar, existía un muro insalvable contra el que se estrellaría, de la misma forma que lo han hecho (y lo hacen) esas terceras fuerzas políticas nacionales que cuentan con un relevante apoyo electoral en todo el territorio nacional, pero que al encontrarse disperso entre todas las circunscripciones electorales no se traduce en escaños de manera proporcional. Le ocurrió al CDS. Le ocurre a IU y a UPyD. Y le ocurrirá a esta nueva formación.

El sistema electoral español no deja espacio a terceras fuerzas políticas nacionales. Las vuelve irrelevantes. Las ahoga y estrangula minimizando su peso político en favor de las dos opciones mayoritarias: PSOE y PP. Ello trae consecuencias que, entiendo, son poco deseables.

De entrada, no todos los votos son iguales. Saquemos a la palestra otro de los tradicionales ejemplos de libro que ilustran las disfunciones de nuestro sistema. En 2008 IU obtuvo el apoyo de cerca de un millón de votantes, lo que se tradujo en 2 diputados. CIU, con casi doscientos mil votantes menos, tiene sentados 11 representantes en la Carrera de San Jerónimo. ¿La diferencia? Los de Durán i Lleida concentran sus apoyos en Cataluña, mientras que IU los tiene diseminados por toda la geografía nacional.

Es por ello que los votos que, a priori, valen lo mismo, en la práctica cuentan con un valor muy distinto. O al menos será muy difícil convencer de ello al votante de IU. O al de UPyD. O, probablemente, al de la futurible formación verde.

Y los "culpables", en términos generales y como ya hemos visto, no son fuerzas nacionalistas que, como CIU, se suelen tomar como parámetro comparativo. Los grandes favorecidos por el sistema no son ellos sino los dos grandes partidos. PSOE y PP, PP y PSOE, que se saben destinados a ocupar el poder sin grandes sobresaltos cada cierto período de tiempo, en una suerte de decimonónico turnismo actualizado.

Continuará.

El sistema electoral I: la teoría.
El sistema electoral III: un corolario.

El sistema electoral español I: la teoría

Proclama el artículo 1 de nuestra Constitución que la forma política del Estado español es la Monarquía parlamemtaria. Dejando a un lado las disquisiciones doctrinales respecto a lo afortunado de esta redacción (la Monarquía parlamentaria sería una forma de gobierno), partiendo de la misma nuestra Carta Magna sentó las bases de la democracia parlamentaria que disfrutamos y que se articula a través de un parlamento bicameral compuesto por Congreso y Senado, y a cuyos miembros elegimos periódicamente en elecciones generales de conformidad con los principios establecidos en la propia Constitución y desarrollados posteriormente por la normativa electoral (fundamentalmente la Ley Orgánica del Régimen Electorall General o LOREG).

Con este post quiero abrir una serie en la que subrayar las disfunciones del sistema electoral español centrándome, especialmente, en cómo afecta a la elección y composición del Congreso, toda vez que es nuestra Cámara Baja la que lleva la voz cantante (el nuestro es un bicameralismo "imperfecto").

El artículo 68 de la Constitución establece un punto de partida a priori muy simple y mínimo: en esta Cámara se sentarán entre 300 y 400 diputados que serán elegidos en circunscripciones provinciales (más Ceuta y Melilla), atendiendo a criterios proporcionales. Ha sido la Ley 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General la que con estos mimbres ha tejido el sistema electoral español.

Así, determina que el Congreso estará formado por 350 diputados. Como mínimo, en cada provincia se eligen dos diputados (y uno en cada una de las Ciudades Autónomas). Los 248 diputados restantes serán elegidos en las provincias proporcionalmente a su población. De este modo, una provincia tan poblada como Madrid eligió en las últimas elecciones generales a 35 diputados mientras Soria eligió a 2.

Los escaños se reparten entre las distintas formaciones políticas que han concurrido a las elecciones presentando lista de candidatos (cerrada y bloqueada, recordemos) en la provincia, según el conocido como sistema D'Hondt (ver el artículo 163 de la LOREG), y teniendo en cuenta que se fija una barrera electoral en la circunscripción de un 3%. Este sistema tiene la virtud de facilitar enormemente el reparto de escaños y que los resultados electorales son conocidos muy rápidamente. Además es una fórmula que, respondiendo al imperativo constitucional citado de la proporcionalidad (con alguna desviación), favorece también la representación de las minorías.

Sin embargo, el sistema D'Hondt es relativamente porporcional cuando la circunscripción electoral es relativamente "grande", cuando se reparten muchos escaños (es difícil ser porporcional cuando únicamente hay en juego un par escaños). Es en las grandes circunscripciones cuando el sistema funciona. El paradigma sería el de Madrid o Barcelona. En estas circunscripciones, al repartirse muchos escaños, éstos alcanzan a formaciones políticas distintas de las mayoritarias.

Esta dualidad en el tamaño de las circunscripciones electorales lleva aparejado otro problema: posibilita que se pueda afirmar, por ejemplo, que el escaño que se obtiene por Madrid es mucho más caro que el logrado en Soria. En ambas circunscripciones venció el PP en el año 2008. Para alcanzar su escaño soriano sumaron 27.525 sufragios; para los 18 logrados en Madrid, 1.723.370 lo que podría traducirse en que cada escaño "costó" 95.743 votos. Datos como estos sirven para afirmar que no todos los votos valen lo mismo. Afirmación que adquiere su verdadero sentido cuando se analizan los resultados electorales de las terceras fuerzas políticas "nacionales" (en los últimos comicios, IU y UPyD).

Y es que el sistema electoral español para las elecciones al Congreso de los Diputados no es proporcional, ni mucho menos. Ni equitativo. Ni justo. O, al menos, no lo son los resultados a los que conduce.

Podríamos decir que una de las máximas de la democracia es "un ciudadano, un voto", conforme a la cual todos tenemos derecho al voto y nuestros sufragios valen lo mismo. Pues bien, echando un vistazo a los resultados electorales de cualquiera de los comicios celebrados para elegir a nuestros diputados, podemos ver cómo las cifras contradicen esta teoría toda vez que no existe proporción entre el total de votos obtenidos y los escaños alcanzados.

Continuará.

El sistema electoral II: los hechos.

Pluralidad verde

Leo estos días en los papeles que Juan López de Uralde, el todavía líder de Greenpeace España (cuyo rostro se popularizó a raíz de su detención por la policía danesa durante la celebración de la llamada Cumbre del Clima de Copenhague), parece decidido a crear un partido político de corte ecologista que concurriría a las próximas elecciones generales. Para ello cuenta con el impulso del diputado verde más reconocido y actual líder de Iniciativa Per Catalunya Verds, Joan Herrera, y se está granjeando el apoyo de diversas figuras relevantes en el ámbito de las organizaciones ecologistas.

La noticia, en principio, me parece no buena. Buenísima. No ya porque simpatice más o menos con la causa ecologista (que también), sino porque entiendo que añadir un poco de color al gris abanico electoral nacional siempre es bueno, en la medida en que entiendo la pluralidad como una virtud y no como un defecto. Me gusta creer que en una sociedad de 45 millones de personas, por muy narcotizada que ésta se encuentre con los discursos necesariamente simplificados, simplistas y planos de los grandes partidos políticos, existen diferentes modos de pensar, de sentir, de ver la vida. Y si no diferentes, sí matizados. Y eso es lo que echo de menos muchas veces en nuestra arena política: el matiz. Así que si esto se puede trasladar a nuestro parlamento, mejor que mejor.

Es evidente, así lo atestiguan los manuales de teoría política, que el discurso de los partidos políticos se ha ido diluyendo necesariamente de conformidad con el correr de los tiempos. De partidos sectoriales, de clase, pasaron a convertirse en grandes partidos de masas que buscaban el apoyo de una mayoría de los votantes que debía verse reflejada en sus programas. Consecuentemente éstos, de tanto buscar un mínimo común denominador de tan amplio espectro, se han ido descafeinando hasta convertirse poco menos que en un repertorio de eslóganes vacíos e ideas vagas. En puro márketing.

Los matices, las concreciones, la defensa de posiciones bien delimitadas y definidas sólo pueden llegar de la mano de colectivos que se ocupan, si no exclusivamente, sí fundamentalmente de esos temas concretos que preocupan en muy distinto grado a los ciudadanos. La defensa de estos asuntos, toda vez que son tratados de manera marginal por los grandes partidos (los de gobierno), han sido la razón de ser de ONGs, fundaciones y organizaciones de diverso pelaje que han conformado eso que ha venido en denominarse "tercer sector", en contraposición a los sectores público y privado.

Es posible que alcanzar el poder haya sido algo que quizá no les interesara pero que, en todo caso, se encontraba fuera de su alcance. En líneas generales podríamos decir que estos colectivos renunciaban a intentar alcanzar el poder de manera directa por una manifiesta imposibilidad material (o en otras palabras, por una falta de la necesaria fuerza electoral). Por lo tanto, para alcanzar sus objetivos se han venido conformando, por un lado, con "influir" en los distintos partidos políticos para tratar de llevar sus postulados a la práctica de gobierno; y, por otro, han tratado de involucrar y movilizar a la sociedad civil a través de las diversas formas y manifestaciones del fenómenos asociativo.

Por lo que se refiere a los movimientos ecologistas parece que, por primera vez en España, se presentará a las elecciones generales una formación estrictamente verde que aglutine a todos los comprometidos con la causa y, por tanto, con alguna posibilidad de alcanzar algún escaño en el parlamento (cosa que ya viene ocurriendo desde hace décadas en otros países europeos).

Como decía antes, me parece una buenísima noticia. Más pluralismo, más diversidad. Más visibilidad para una causa que cuenta con numerosos apoyos en la sociedad española. Y, para mi lo más importante, más dinamismo, ya que obligará a que los restantes partidos políticos muevan ficha y se posicionen ante la perspectiva de perder votos.

Lástima que el foco se acabará poniendo, de nuevo, en uno de los muros que hace languidecer nuestro sistema político impidiendo el acceso al Congreso (o minimizando su representación) de terceras fuerzas políticas. Se barrunta post sobre el sistema electoral español. Atentos.

Ejercicio irresponsable del derecho de huelga

El Tribunal Constitucional ha dictaminado por fin sobre el recurso de inconstitucionalidad planteado frente al "nuevo" (lleva aprobado cuatro años ya) Estatuto de Autonomía de Cataluña; la Bolsa se ha despeñado perdiendo en un día más de un 5%; mañana llega la anunciada subida del IVA; y España ya está en cuartos en el Mundial Sudafricano. Sin embargo, estas noticias que copan las portadas de los papeles hoy no es lo que más preocupa a los ciudadanos de a pie. Al menos en la capital del Reino.

Resulta que los trabajadores del Metro de Madrid han decidido ponerse en huelga para responder a la medida adoptada por la Comunidad de Madrid conforme a la cual su salario se va a ver menguado en consonancia con el del resto de empleados públicos dependientes de esta Administración (consonancia relativa, porque frente al 5% de bajada media, la Asamblea de Madrid aprobó una bajada para estos trabajadores inferior al 3%). Legítimo motivo, sin duda, como pudo serlo para otros trabajadores públicos que ejercieron su derecho de huelga hace unas semanas.

La diferencia estriba en que estos trabajadores no tienen sus puestos laborales localizados en despachos alejados del ciudadano de a pie, sino que conducen los convoyes que cada mañana lo llevan a la oficina. Son pieza fundamental en el engranaje de un importante servicio público. Y lo saben. Y lo aprovechan. Legítimo.

Así comenzaba la huelga el lunes, previéndose que se extendiera hasta este miércoles. En la medida en que hablamos de un servicio público, se fijaron unos servicios mínimos de un 50%. Así funciono la cosa el lunes. Pero a los sindicatos convocantes les pareció que los trastornos sufridos en el servicio como consecuencia de la huelga (trastornos legítimos, es una huelga) no eran suficientes, no eran nada comparado con el efecto que generaría paralizar el servicio por completo. Entonces sí que se iba a notar. Entonces sí que iban a "poner Madrid patas arriba".

Y vaya que si la han puesto. Para ello el precio que han decidido pagar no es nada desdeñable: incumplir los servicios mínimos impuestos.

La cantinela de los servicios mínimos en el contexto de una huelga que afecta a los servicios públicos viene de lejos y tiene distintos frentes abiertos. Efectivamente, son impuestos (los fija la Administración responsable y competente). Además suelen fijarse en unos porcentajes tan elevados que llegan a diluir los efectos de la huelga (90%, por ejemplo). Ello suele ser impugnado por los sindicatos convocantes ante los tribunales quienes, mucho tiempo después, cuando la huelga ya ha sido olvidada, suelen dar la razón a aquéllos. Y es en este contexto en el que se dan eso que algunos llaman huelgas salvajes.

Como uno más de esos dos millones de usuarios que nos estamos viendo afectados por estas movilizaciones, me siento profundamente molesto por diversos motivos.

En primer lugar, me molesta el hecho de que existan ciertos colectivos que cuentan con un derecho de huelga cualificado, en el sentido de que por el tipo de trabajo que desempeñan, por su sector de actividad, su poder de presión se multiplica puesto que el parón que debería afectar a la actividad de la empresa, se amplifica al afectar a un gran número de personas (los usuarios del servicio de turno, los ciudadanos de a pie; no es lo mismo que eche la persiana el metro a que lo haga, por ejemplo, una empresa de manufactura de automóviles). Las molestias creadas en estos usuarios, su enfado, se utiliza como arma de presión sobre la empresa. Se convierte a los ciudadanos en rehenes de los huelguistas. Para evitar esto y que exista un equilibrio, se introducen los servicios mínimos (que han de ser justos y razonables, equilibrados).

En segundo lugar, como usuario que no puede utilizar el metro puedo tener el impulso de cargar contra los trabajadores que ejercen su derecho de huelga y sus sindicatos (pervirtiendo el ejercicio del derecho desde el momento que no respetan los servicios mínimos). Sin embargo, a mi quien no me presta correctamente el servicio es la empresa, en este caso Metro de Madrid. Ella es la responsable de velar por que se cumplan los servicios mínimos. Y, de no ser así, de ser consciente de que éstos no se respetan, declarando para más inri (como ha ocurrido) que ello es consecuencia de la aparición de elementos de coacción (en forma de piquetes), es su obligación comunicarlo a las autoridades competentes para que se adopten las medidas que, dentro de la legalidad, sean necesarias. Es decir, si públicamente los sindicatos convocantes anuncian que no van a respetar los servicios mínimos al día siguiente, podría haberse previsto este hecho. Se podrían haber provisto alternativas (autobuses, por ejemplo). Pero, además, se podría haber garantizado el derecho al trabajo de aquellos trabajadores que querían ejercerlo y que, según Metro de Madrid, no pudieron como consecuencia de la actuación de los piquetes. ¿Por qué conocido este hecho no fue comunicado a la Comunidad de Madrid, de la que depende Metro de Madrid? Y si fue comunicado, como parece, ¿por qué no se adoptaron medidas? ¿Dónde estaban las fuerzas de seguridad para garantizar su derecho a los trabajadores supuestamente coaccionados? La Administración no es sólo competente. Es también responsable. Y tiene las herramientas necesarias para garantizar a los trabajadores su derecho al trabajo y a los usuarios nuestro derecho a acceder al servicio público, respetándose al mismo tiempo los derechos de los huelguistas.

Con el derecho al trabajo garantizado, se despejaría muchísimo el camino para poder adoptar las pertinentes medidas disciplinarias y sancionadoras. Este es el tercer punto. ¿Cómo se va a sancionar ahora individualmente a trabajadores que no han cumplido con los servicios mínimos impuestos si según la propia empresa no han podido hacerlo por la coacción de sus compañeros huelguistas? ¡Cuando la empresa (que en este caso en una Administración) no ha hecho nada para garantizar sus derechos! Otra cosa es qué hacer con los sindicatos convocantes que, abiertamente, han optado por incumplir los servicios mínimos y con ello el marco normativo vigente. Se han salido de la legalidad. Y ello no puede salir gratis.

Por último, en cuarto lugar, y volviendo al tema de los servicios mínimos, me molesta profundamente que el artículo 28.2 de nuestra Constitución, donde se reconoce el derecho de huelga como un derecho fundamental (con lo que ello representa en términos jurídicos), no haya sido desarrollado aun en estos más de 30 años de vigencia de nuestra Carta Magna mediante la pertinente Ley Orgánica de huelga. Esto puede sonarle extravagante a muchos, pero es que nos encontramos ante el paradigma de derecho fundamental no desarrollado. Y tiempo ha habido.

Mientras tanto seguimos con un decreto del año 1977 (esto es, pre-constitucional) aun vigente regulando el derecho de huelga en España, al que se suma una célebre sentencia del Tribunal Constitucional del año 1981. Y la principal laguna ha sido y es la regulación de los servicios mínimos.

Durante mucho tiempo los sindicatos abogaban por aquello de que la mejor ley de huelga es la que no existe. Y así nos va. Hubo un intento verdaderamente serio de sacar adelante un proyecto de Ley Orgánica negociado con los sindicantos en 1993, pero el adelanto electoral y la consiguiente disolución de las Cámaras dio al traste con el proyecto, que no ha vuelto a ser rescatado del cajón.

En este proyecto se regulaban los servicios mínimos, de tal modo que no los imponía la Administración al estallar el conflicto, sino que eran negociados previamente con los sindicatos, en frío, cuando no existía aun el conflicto. Y una vez que estalla el conflicto, ambas partes se sujetaban a lo acordado, que debía ser supervisado por una comisión de expertos. Además, introducía puntos tan elementales como el de la incompatibilidad de dos huelgas simultáneas en servicios de naturaleza equivalente (imaginemos que ahora convocaran huelga también en Cercanías o en los autobuses urbanos).

Ahora los que ejercen su derecho y abusan del mismo son los trabajadores de metro; otras veces han sido los pilotos; o los controladores aéreos; o el personal de renfe. Los paganos siempre somos los mismos: los ciudadano de a pie. Y lo que es indudable también es que el ejercicio irresponsable de un derecho puede conducir a su descrédito social, lo que es indamisible.

Administraciones Públicas, partidos políticos a través de sus grupos parlamentario y sindicatos son responsables de velar por el fortalecimiento y garantía de uno de los derechos más elementales para los trabajadores.

Transparencia (II)

Es posible que la tristemente famosa plataforma petrolífera explotada por BP en el golfo de México hubiera saltado por los aires de todos modos pero, sin embargo, hoy tenemos la duda de qué habría ocurrido si hubiera estado sujeta a un mayor control por parte de las autoridades norteamericanas. Del mismo modo, es legítimo preguntarse si, una vez producido el accidente, la compañía ha sido totalmente transparente en relación a la naturaleza y circunstancias del vertido. Y es que la única fuente que informaba de la magnitud de la tragedia fue la propia multinacional británica. Existen más que dudas razonables respecto a que se estuvo minimizando y ocultando información. Ello ha repercutido en la imagen de la empresa, claro está, pero también (y sobre todo) en la del Gobierno norteamericano quien ha parecido ir a rebufo de los acontecimientos y nunca controlando la situación. Ex ante como consecuencia de la desregulación y falta de control; ex post, fruto de la falta de capacidad, no ya para encontrar una solución al desastre o forzar a BP a encontrarla (que también) sino porque parece saber poco más que nosotros, los ciudadanos. Con lo cual nos falla doblemente.

Y es que, aunque en general es algo que no se verbalice, los ciudadanos exigimos de nuestras administraciones públicas, junto a la prestación de servicios públicos, una rendición de cuentas, responsabilidad. El principio de accountability es fruto de que los fondos públicos, detraídos de los bolsillos de todos (de manera más o menos equitativa), son limitados y por lo tanto queremos saber no sólo a qué se destinan, sino también con qué intensidad y cuál es el grado de eficacia y eficiencia alcanzado. Todo esto supone que nos interesa saber las alternativas de gasto público que existen, el esfuerzo fiscal que supone cada una de ellas, el grado en el que se cubren los objetivos perseguidos, cuáles eran esos objetivos, y si se ha producido un nivel reprobable de gasto (despilfarro) o no.

A título ilustrativo, resulta interesante un reportaje reciente emitido en el programa de cuatro/cnn+ rec, dirigido por el periodista Jon Sistiaga (¿Era necesario construirlo?). En el mismo se analiza, a través de ejemplos repartidos por toda la geografía nacional, los excesos de la inversión en obra pública realizada en los últimos años (viabilidad, utilidad, necesidad...).

La obra pública, la inversión en infraestructura, ha sido y es una partida que se lleva un pellizco fundamental de nuestros presupuestos cada ejercicio. Al margen de cuestionarnos si ahora mismo resulta ser éste el mejor campo en el que poner el foco para invertir en nuestro futuro (un tema para otro post), lo que es incuestionable es que como ciudadanos debemos saber en qué gastan nuestro dinero las administraciones. Y cómo.

Esto venía haciéndose hasta ahora a través de los cauces tradicionales de control: la oposición, los parlamentos y plenos de las distintas entidades, instituciones como el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo y, en su caso, los Tribunales de Justicia. Pero en el s. XXI las nuevas tecnologías y las exigencias de un nuevo modelo de gobernanza, propio de una democracia participativa e inclusiva, favorecen el que multitud de información en manos de las administraciones públicas se ponga a nuestra disposición.

Este exigencia de "aperturismo" informativo (impulsado en una primera instancia desde la UE, y que en nuestro país se ha materializado en el ordenamiento jurídico en normas como la Ley 37/2007, de reutilización de la información del sector público) ha cristalizado en proyectos como aporta o iniciativas como abredatos, que han servido no sólo para dar visibilidad a esta actitud receptiva y proactiva por parte de las administraciones, sino que también han servido para incentivar la iniciativa emprendedora. Han surgido así proyectos tan interesantes como el de www.gastopúblico.es.

Antes hablábamos de la cantidad de dinero que se destina a obra pública ¿Sería posible , por ejemplo, conocer qué cantidad exacta de dinero destina nuestro ayuntamiento a hacer agujeros? ¿Y a quién se adjudica la obra? Esta web pretende demostrar que es posible, y todo tomando como base la estadística pública. Esa información genera reacción. El usuario tendrá la posibilidad de comentar la obra que le interesa. Un ejemplo tangible de democracia participativa.

Continuará

Transparencia (I)

En su reunión de la semana pasada, el Consejo Europeo adoptó diversas decisiones, entre ellas la de hacer públicos los denominados test de solvencia realizados a las entidades bancarias. Con ello, de alguna manera, se van a poner al descubierto las tripas del sistema financiero europeo, dejando entrever qué es lo que guarda (o esconde) cada cuál. De hecho, todos podemos recordar cómo en los inicios de esta crisis (entonces llamada subprime) se señalaba a las operaciones opacas (se me ocurren muchos y variados adjetivos, aunque el más apropiado para el tema del post es éste) realizadas por grandes entidades financieras sobre activos inmobiliarios de dudosísima calidad como las culpables y desencadenantes de la crisis. Famosísimo fue este vídeo que nos explicaba de manera muy cómica el procedimiento, así como la versión ibérica de Leopoldo Abadía y sus NINJAs.

No parece difícil concluir que la opacidad, que la falta de transparencia (combinada con los pocos escrúpulos de unos, la falta de luces de otros y esa desregulación traducida en descontrol que era -y es- la piedra de toque del pensamiento único) propició esta realidad que hoy vivimos. O dicho de otro modo: de aquellos polvos vinieron estos lodos. Bien. Conforme la crisis se iba extendiendo de manera paralela a la caída de Lehman Brothers y la "nacionalización" de Fannie Mae y demás entidades con nombre de restaurante de comida rápida tristemente famosos, mucho se habló de la necesidad de saber cuál era la situación de cada banco, de saber hasta qué altura del cuello llegaba el agua. Transparencia.

Han tenido que transcurrir dos años (y que la crisis haya hundido su pica en el corazón del erario de nuestros estados) para que en Europa se promueva una medida que parece apuntar en esa dirección. Más vale tarde que nunca. Aun así no ha sido una decisión precisamente unánime, sino que en cierto modo ha llegado precipitada por los propios acontecimientos. Y aun así siguen abundando los que critican tal medida aduciendo lo arriesgado que sería poner al descubierto a entidades en una situación precaria. Como si no hubiera habido riesgos cuando no se sabía muy bien qué tenía cada cual y cómo estaban sus balances verdaderamente. Esa desconfianza, esa incertidumbre provocaba que el riesgo, paradójicamente, se tornara cierto, real. Y esta situación se ha vuelto todavía más dantesca e incomprensible cuando dicha desconfianza, dicha incertidumbre se han convertido en un poderoso aliado para aquéllos que especulan, tahúres que se ha demostrado que juegan con nuestro bienestar de manera menos indirecta de lo que sospechábamos (y todavía más descotrolados de lo que creíamos).

Si de la crisis se hace virtud y el sentido común se hace presente en nuestras vidas por la vía de la puesta en práctica de reglas razonables para este juego (aun cuando siga pareciendo una ruleta de casino), algo habremos avanzado. Pero junto a las reglas se requieren principios elementales. El más elemental de todos, quizá, y especialmente en democracia, es el de la transparencia.

La transparencia genera certidumbre y confianza. Da seguridad. Y provee a la sociedad de información. Una ciudadanía informada es una ciudadanía más y mejor formada, más rica, más libre, más consciente, más responsable, con más poder decisorio, más activa y participativa. Y unos poderes públicos trasnparentes son, a su vez, más susceptibles de ser depositarios de nuestra confianza, al someterse de manera habitual y directa al escrutinio de todos. Serán más legítimos, más justos y equitativos, más eficientes, más cercanos... más democráticos.

No obstante, el principio de transparencia no debe predicarse únicamente de un ámbito concreto, el de las entidades financieras, o de uno general, el de los poderes públicos, por ejemplo. La transparencia debería extenderse a todos aquellos extremos que tocan el marco de afectación de los intereses generales, públicos.

Continuará

Origen y motivos. Frustración y vocación.

Opinión. La define la RAE como “dictamen o juicio que se forma de algo cuestionable”.

Suele decirse que todos tenemos una. Y aunque muchas veces a tal afirmación se le quiere dar un matiz despectivo, lo cierto es que debiera ser considerada como algo positivo, si aceptamos la definición citada. Según la misma, tendría que admitirse que la opinión sería fruto de un proceso racional de reflexión, consistente en analizar y cuestionar la realidad, al objeto de poder formarnos un juicio de valor propio, nuestro.

Sin embargo no es infrecuente que tengamos no una opinión, sino varias, muchas. Sobre una misma cosa (lo que debe hacernos renunciar a la hipótesis del proceso “racional”). Sobre muchas (lo que debe hacernos renunciar a la hipótesis de “proceso”, al menos a aquel calificado como reflexivo).

Es cierto. Todos tenemos opinión para todo. Con y sin conocimiento de causa. Con y sin reflexión previa. Parece que si no tienes opinión, no eres nadie. No existes.

Y es cierto. Sin una opinión formada sobre la base de la información más o menos limitada y más o menos particular que nos llega, no somos más que borregos en un rebaño que repite lo que escucha por ahí. En clase, en la oficina, en la panadería, en el bar… O de boca de los voceros que cada día encuentran su hueco en medios de comunicación de todo signo y pelaje. Tertulianos, comentaristas, columnistas, colaboradores y demás opinadores profesionales pretenden erigirse cada día en creadores de opinión, en eso que algunos llaman “la voz de la calle”.

Sin embargo, las tecnologías de la información y las comunicaciones han abierto la posibilidad de que cualquiera tenga acceso a más información que nunca. Información que puede recibir, analizar, descomponer, recomponer, compartir… Todo ello de manera instantánea. Todos podemos ser opinadores vocacionales. Si esas mismas tecnologías permiten que, sin rubor, podamos compartir detalles de nuestra vida, porqué no compartir detalles de lo que somos, de lo que pensamos, de lo que opinamos.

Seamos opinadores vocacionales. Conformemos una sociedad civil activa, dinámica, crítica, formada e informada, abierta y tolerante, autónoma. Alcemos la voz. Que quien quiera escuche lo que cada uno tenemos que decir, por mucho que nuestras voces se diluyan en este mar de opiniones vertidas que es Internet. Por mucho ruido que hagan los profesionales del jaleo y la distorsión; los sesudos analistas patroneados; los cabeza de cartel de los festivales del “yoopinoque”; los famosos sondeos de opinión.

Opinamos… luego existimos. No sé que forma irá adoptando este blog con el paso del tiempo. Ahora que lo pongo en marcha no pretendo más que sea mi pequeño y humilde altavoz a través del que reflexionar en voz alta y compartir mis opiniones sobre diversos temas con quien quiera escucharlas. Bueno, mejor dicho, con quien quiera leerlas.

Un opinador más. Aun tengo que decidir si esto es una vocación frustrada o lo mío es más una frustración vocacional. Por aquello de hacérmelo mirar, en su caso.